SANTO DOMINGO, R.D.– La comisión creada mediante el decreto 392-16, que detuvo los desalojos en Los Tres Brazos, para investigar las ventas y reventas de los terrenos, este martes le rindió al presidente Danilo Medina un informe de las conclusiones y recomendaciones sobre las operaciones de ventas y titulación de los terrenos.

Los miembros de dicha comisión son: el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantes; el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, entre otros funcionarios.

Los detalles del informe fueron ofrecidos por los funcionarios en una rueda de prensa. La misma tuvo lugar en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

Los comisionados entienden que la operación es cuestionable en su esencia misma. Sostienen que nunca debió realizarse el proceso de venta bajo los términos en que se hizo.

Señalan que la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución. También en violación a la Ley de Reforma a la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.

Los miembros de la comisión precisaron que el procedimiento de CORDE para la aprobación de la venta fue precario e irregular. Igualmente, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano.

Asimismo, manifestaron que el interés público fue lesionado por el privado. Sostienen que INFEPA y TITULATEC establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes. Siendo sus inversiones muy bajas.  

Informaron, además, que encontraron errores y discrepancias muy graves. Esto en los trabajos de deslinde y supervisión realizados por los agrimensores de CORDE.

Recomiendan al Estado no reconocer las ventas y demandar la nulidad de las mismas. En ese sentido, recomiendan que es por este punto que se debe empezar.

Indican que están confiados en el que el Poder Ejecutivo tomará decisiones en virtud del interés general.

Asimismo, dicen que el Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe. Igual a las entidades financieras que han financiado una parte de los fondos. Esto es con el propósito de que nadie salga perjudicado.

Finalmente, los miembros de la comisión entienden que el Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado. Para convertirles de simples ocupantes en propietarios de sus terrenos. A títulos gratuito o a titulo negocio, según su condición socio económica.

Aclaran que como comisión, no están en condición de establecer responsabilidad penal. No obstante, piden que el informe se remita al Ministerio Público.

Dicen que de esa manera puede determinarse si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal. Esto es, tanto de actores públicos como privados que intervinieron en la misma.

Entre las recomendaciones hechas al Gobierno esta la implementación de dos protocolos de entendimiento. Uno con los adquirientes de la comunidad y otro con las entidades crediticias.

En lo que tiene que ver con la comunidad, explican que hay que hacer un trabajo técnico. Esto es con el fin de que haya una correspondencia entre el terreno ocupado y el título de propiedad correspondiente.

Desde el punto de vista financiero, sostienen que la intención no es perjudicar a las empresas crediticias.