Vista panorámica del Aeropuerto Internacional de Bávaro. (Fuente externa)
El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro aclara la situación legal del proyecto
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) ha emitido una respuesta ante el comunicado publicado por el equipo de defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana (GPC).
Sentencias no definitivas y derecho a recursos legales
En su declaración, el AIB sostiene que ninguna de las sentencias emitidas en los procesos judiciales que enfrenta la empresa constituye una autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Por lo tanto, niega la veracidad de las afirmaciones de que la justicia ha puesto fin a la construcción de la terminal aérea.
Los abogados del AIB expresaron su preocupación por la desinformación que se ha generado en la opinión pública respecto a las sentencias judiciales.
Aclararon que dichas decisiones están sujetas a recursos legales y que el sistema de justicia del país cuenta con varias instancias jurisdiccionales, incluida la constitucional.
Enfatizaron que el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro ha sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, todas bajo la misma composición de jueces.
Sin embargo, señalaron que dos de estas sentencias fueron dictadas sin la celebración de audiencias para escuchar a las partes involucradas, lo cual viola un derecho fundamental establecido en la Constitución.
Firme compromiso con la legalidad y transparencia
El Consejo de Defensa, liderado por el Dr. Emmanuel Esquea Guerrero, reafirmó su compromiso de defender la legalidad y transparencia del proyecto.
Vista interior del Aeropuerto Internacional de Bávaro. (Fuente externa)
Afirmaron que todas las sentencias mencionadas han sido objeto de recursos legales para corregir las supuestas violaciones constitucionales a los derechos fundamentales.
Calificaron como desafortunado el hecho de recurrir a la opinión pública para influir en los jueces encargados de dictar sentencia sobre los recursos pendientes de decisión.
Consideraron inadmisible que una resolución de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo pueda ignorar los derechos adquiridos por el AIB, respaldados por un contrato firmado por el Estado Dominicano con la autorización del Presidente de la República.
Confianza en la justicia y búsqueda de rectificaciones
En conclusión, el AIB manifestó su confianza en la justicia y en la legalidad de sus acciones, comprometiéndose a seguir luchando para rectificar cualquier presunta violación de los derechos fundamentales y constitucionales.
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