SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- El director de Gestión y Descentralización del Ministerio de Educación (MINERD), Francisco Cáceres Mendoza, informó ayer que el sistema de asignación de fondos a los 7,366 centros, distritos y regionales educativos a través de las juntas descentralizadas, se encuentra en un proceso de revisión, debido a que se han detectado irregularidades e inobservancias en el uso de esos recursos.

Frank Cáceres reveló que unos ocho directores de centros, distritos y regionales educativos han sido sancionados con separación de sus funciones y la no asignación de los recursos por distintas causas, excluyendo el dolo porque no tienen pruebas del mismo, pero sí por irregularidades y actitudes de malos temperamentos, falta de participación de la sociedad, cultura autoritaria y falta de respeto a subalternos. Citó que fueron suspendidos de sus funciones un director distrital de La Romana y un director Regional de San Pedro de Macorís.

Sin embargo, el funcionario señaló que se encuentran en un proceso de revisión de todo el sistema, tomando en cuenta que la descentralización de las juntas es un proceso importante para el desarrollo de la educación. Explicó que en las juntas descentralizadas participan diversos actores sociales y fungen como veedores de los recursos que transfiere el Ministerio de Educación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a las escuelas, a los 105 distritos y 18 regionales del país.

Esa instancia está contemplada en la ley 66-97 y cuenta con una normativa que la rige.
“No todo el sistema funciona a la perfección, hay problemas de diversos tipos, buscan que las juntas descentralizadas fluyan con más transparencia y con espíritu participativo, tal y como lo contempla la ley”, subrayó.

Las escuelas reciben fondos dependiendo de la cantidad de estudiantes matriculados. A cada centro se le entrega 2,500 pesos por estudiante al año. Al año se les deben hacer cuatro transferencias a las escuelas. En tanto, a los distritos y regionales educativos se les transfiere mensual y estos los pasan trimestral a las escuelas.

La ley y la normativa establecen cómo deben ser invertidos los recursos que reciben. Cáceres detalló que son en tres renglones: 40% gastos personales, 40% gastos administrativos y 20% en servicios no personales.

También consideró que surgen irregularidades por desconocimiento de la normativa y problemas estructurales. Los centros educativos deben de tener su RNC y también conocer todo lo relativo a la ley de compras y contrataciones. Subrayó que esos desconocimientos producen inobservancias.

Por esa razón, manifestó que se trabaja en la revisión de la normativa para adecuarla a la realidad, en el sentido, explicó que hay escuelas, distritos y regionales que tienen otras necesidades pero no pueden suplirlas porque no está contempladas en el instrumento que los regula.

Dijo que las juntas descentralizadas son las que aprueban la inversión, lo que no siempre ocurre así “ por el autoritarismo que se da en esos espacios pequeños”. Cáceres abogó porque la sociedad participe en esos espacios de veeduría y corresponsabilidad.

Los datos que ofreció  Frank Cáceres están contenidos en un informe en el periódico Hoy, donde por la vía telefónica señaló “no todo el sistema funciona a la perfección, hay problemas de diversos tipos, buscan que las juntas descentralizadas fluyan con más transparencia y con espíritu participativo, tal y como lo contempla la Ley 66-97”, subrayó.