Policías y militares de alto rango se mezclan con la mafia en busca de ingresos millonarios
EL NUEVO DIARIO / Por Samuel Guzmán
Si se tomara como punto de partida el año 2008 para revisar los casos delictivos que han acaparado mayor atención hasta la fecha, sin duda alguna siempre estarían presentes los nombres de policías y militares, puesto que desde raso hasta general se las han arreglado para figurar en la deshonrosa lista de los uniformados cuyo honor se encuentra empeñado debido a los temas en que han sido señalados.
Vivo ejemplo las aguas turbias en la que deciden navegar algunos uniformados fue la matanza de Paya ocurrida el 4 de agosto de 2008, fecha en que siete colombianos fueron asesinados como parte de un “tumbe” de mil 300 kilos de cocaína. Por el caso se le impusieron condenas a capitanes, tenientes, sargentos y un alférez de la Armada de la República Dominicana, mientras que un mayor de la Policía Nacional fue descargado, aunque el único sobreviviente de la masacre insistía en señalarlo en la trama criminal.
Y un escándalo lleva a otro, en el mismo año el país compraba ocho aviones Super Tucano, negociación que posteriormente sería cuestionada por el supuesto soborno que habría recibido un coronel de la Fuerza Aérea. Y más tarde, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sometería a la Justicia al exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, junto al coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez.
Los nombres de oficiales también han figurado en varios casos que incluyen tráfico de armas, extorsión y asaltos a entidades financieras, todo con el objetivo de obtener jugosas sumas económicas como recompensa por las actividades ilegales en que incurren.
En los actos delictivos donde figuraron los nombres de policías y militares había más de 80 millones de pesos de por medio, además de drogas, armas y otros “atractivos”.
El caso más reciente es el de dos mayores del Ejército, cuyos nombres aparecen en la lista de quienes colaboraban con la banda de asaltantes encabezada por el también militar John Percival Matos (ultimado por la Policía). Se trata de los oficiales Elvin Rodríguez e Ivanigor Terrero, dos uniformados que aparecen en las portadas de los periódicos locales como quienes suplían las armas utilizadas en los asaltos del grupo que sustrajo más de nueve millones de pesos de varias entidades financieras.
Pero los nombres anteriormente señalados son solo escasos ejemplos de lo que ha pasado desde el año 2008 hasta lo que va de 2017. En ese período, desde rasos hasta generales han “sonado” en casos que han acaparado las portadas de los principales periódicos.
Asalto a Caribe Express
En 2014 la entonces denominada Jefatura de la Policía Nacional dispuso la cancelación deshonrosa y posteriormente sometió a los tribunales de justicia a dos cabos y un raso de la institución acusados de participar en el robo de 38 millones de pesos, el cual se produjo durante un asalto contra un autobús de la empresa Caribe Express que transportaba el dinero desde Santiago hacia Santo Domingo.
En ese entonces los detenidos fueron los cabos Ángel Gregorio García Pérez y Johan Manuel Terrero Ortega, y el raso Luis Alfredo Pichardo Ortiz. A los tres agentes policiales se les ocuparon RD$1,088,000, que era parte del dinero que recibieron por su participación en el asalto, según sus propias declaraciones ante los oficiales de la Dirección de investigaciones Criminales (Dicrim).
Igualmente en 2015 la conducta de los uniformados volvió a ser cuestionada cuando Poder Ejecutivo dispuso la cancelación y retiro forzoso de un general y cinco coroneles de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) por supuestos vínculos con redes del narcotráfico y el trasiego de armas.
Los nombre que figuraban en la lista de cancelados eran los del general Bienvenido Cordero Batista, investigado junto a otros oficiales por una agencia de seguridad de Estados Unidos, por un supuesto tráfico internacional de armadas; así como el coronel Andrés Francisco Reyes Ortiz y los tenientes coroneles César David Ruiz García, Julia Inés Paulino Santos, Mario Antonio Jiménez Jiménez y Moisés Emmanuel Rojas Pérez.
El robo de RD$37 millones a una viajera
También en 2015 el Poder Ejecutivo canceló a tres coroneles, dos mayores, un capitán, un segundo teniente, y dos alistados, acusados por una viajera que los señaló de despojarla de 800 mil euros (más de 37 millones de pesos) la noche del pasado 26 de mayo en el peaje de la autopista de Las Américas, dinero que había logrado introducir al país de manera ilegal. El retiro forzoso fue recomendado para el coronel Tomás Hernández Cleto, así como de los tenientes coroneles Juan David Rodríguez y Elvin De Lima Alcántara.
Además, fueron cancelados los nombramientos de los mayores, Richard Gómez Féliz, Carlos Castillo Díaz, capitán Pedro Cleto Rosario y del segundo teniente Juan Manuel Román Mercado. También fueron cancelados por mala conducta el sargento Federico Armando Aybar Fortuna y el cabo Samuel Zapata Lucina.
Caso DICAN
Igualmente en 2016 fueron condenados el exteniente coronel Félix Humberto Paulino López, el excoronel Carlos Fernández Valerio, el exmayor Luciano Gómez Cabrera, Pedro Almánzar González, exsargento, tras ser acusados del robo de 950 kilos de cocaína en el denominado caso que envolvió a altos mandos de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (DICAN).
Y para cerrar con broche de oro, a finales de 2016 un coronel, un capitán, dos primeros tenientes y dos sargentos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional fueron investigados con relación a la supuesta extorsión de 500 mil pesos a varios pescadores de San Pedro de Macorís, que se encontraron más de 220 kilos de cocaína en alta mar.
“Ellos visitaron a los pescadores cuando se enteraron de que habían encontrado la droga y a través de un distribuidor de sustancias narcóticas en San Pedro de Macorís conocido como Pinguito, la habían vendido. La extorsión consiste en que les exigieron la suma de 500 mil pesos para no someterlos a la justicia”, expresó en ese entonces el vocero de la Policía.
Los anteriores son solo casos aislados de un mal que afecta la imagen institucional de la policía e instituciones castrenses, sin que hasta el momento se haya encontrado la cura o el remedio para erradicarlo.
