Los buques estadounidenses deben trasladar la ayuda desde la Florida hasta Puerto Rico.
SAN JUAN, PUERTO RICO (BBC MUNDO).- Los días pasan, la situación empeora y la incertidumbre se multiplica. Una semana después del paso del huracán María, Puerto Rico vive en vilo por una potencial crisis humanitaria. Con el servicio eléctrico y telefónico caído en casi toda la isla, más de 15,000 evacuados, carencia de agua potable, combustible y alimentos, y un aumento de los saqueos y la criminalidad, las autoridades de la isla esperan gran parte de la ayuda para iniciar el largo camino de la recuperación.
Varios países y organizaciones internacionales han manifestado el interés de enviar suministros a Puerto Rico, pero todos se han enfrentado con un insólito obstáculo: sus barcos no pueden atracar en la isla. Toda ayuda debe llegar primero a territorio continental de Estados Unidos para, una vez allí, ser transportada en barcos con bandera estadounidense hasta Puerto Rico.
¿Cómo se explica este extraño trámite que ralentiza la llegada de recursos a la devastada isla?
Una ley centenaria
Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos intentó controlar y fortalecer la industria naval del país ante el peligro de los submarinos alemanes, que habían hundido cerca de 5.000 buques durante el conflicto.
El Congreso aprobó en 1920 la Ley de la Marina Mercante, también conocida como Ley Jones, que nacionalizaba la industria de la construcción naval y, también, el tráfico de los buques mercantes en Estados Unidos. La ley estipula que únicamente los barcos estadounidenses pueden llevar mercancías y pasajeros de un puerto a otro de este país.
Aunque ya los submarinos y los buques de guerra alemanes no navegan amenazantes por las aguas del Caribe, la ley sigue vigente y limita la llegada de barcos a Puerto Rico. Y no es que los barcos extranjeros, en realidad, tengan imposibilitado el acceso total a territorio puertorriqueño. De hecho, pueden llegar, pero deben pagar antes una serie de aranceles, tasas e impuestos que, luego, son transferidos a los consumidores de la isla. Los puertorriqueños son, entonces, quienes lo pagan.
El huracán María provocó destrozos en todo Puerto Rico.
La opción más económica es que los buques lleguen hasta Florida, descarguen los productos y, desde allí, partan en barcos estadounidenses a Puerto Rico. Pero, nuevamente, son los puertorriqueños quienes deben pagar con sus impuestos las tasas del cambio de la mercancía al nuevo transporte.
Un estudio realizado por dos universidades boricuas en 2012 asegura que esta situación implica que el precio de las mercancías en Puerto Rico sea al menos dos veces mayor que territorio continental de Estados Unidos o en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde no se aplica la ley. Mientras, el costo de vida en el Estado Libre Asociado es 13% más alto que en 325 áreas urbanas de Estados Unidos, pese a que el ingreso per cápita en la isla es de unos US$18,000 anuales, cerca de la mitad del de Mississippi, el estado más pobre de la Unión, según el estudio.
Voces en contra
Tras el paso de los huracanes Harvey e Irma por Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos decidió levantar las restricciones de la Ley Jones para evitar que ocurriera un inminente corte del suministro de gasolina en las zonas afectadas.
Varios congresistas, entre ellos el senador republicano John McCain, solicitaron al gobierno que se tomara una medida similar con la isla para facilitar la llegada de ayuda. «Es inaceptable forzar al pueblo de Puerto Rico a pagar por lo menos el doble por alimentos, agua potable, suministros e infraestructura, debido a los requerimientos de la Ley Jones en momentos en que trabajan para recuperarse de este desastre», aseguró McCain.
«Ahora, más que nunca, es hora de darse cuenta del efecto devastador de esta política e implementar la derogación total de esta arcaica ley», añadió.
Sin embargo, esta vez, las autoridades estadounidenses negaron el levantamiento temporal de la legislación. El argumento público fue que los problemas con el envío de suministros no estaban relacionados con el número de barcos disponibles, sino con la capacidad de los puertos de la isla ante un aumento del tráfico marítimo.
El vocero de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, Gregory Moore, aseguró que un estudio realizado confirmó que había «capacidad suficiente» para que barcos estadounidenses transportaran suministros a la isla. Sin embargo, una semana después, la ayuda no llega o tarda demasiado. Al punto que las autoridades se han visto en la necesidad de racionar la venta de agua para consumo humano o de gasolina.
En San Juan se forman filas de hasta seis horas para comprar gasolina.
Detrás de la ley
Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que valoraba levantar temporalmente la ley, pero advirtió que muchos en la industria naviera estadounidense se oponían a tal medida. La casi totalidad del tráfico naval a la isla es controlado por las compañías Crowley Maritime Corp, Trailer Bridge Inc, Sea Star Line LLC y National Shipping of America.
Todas forman parte de la Asociación Marítima Estadounidense (AMP), el poderoso grupo de presión de la industria naviera del país, que es una de las organizaciones que históricamente ha combatido el levantamiento de la Ley Jones en Puerto Rico.
El estudio de las universidades boricuas indicó que aunque la legislación resultaba extremadamente beneficiosa para estas compañías, implicó pérdidas por US$17,000 millones para la economía de la isla de 1990 a 2010. Un estudio del Capital Research Center, un centro de estudios con sede en Washington, estimó que la ley le reporta pérdidas entre US$2,800 millones a $ 9,800 millones por año a Puerto Rico, Hawái y Alaska. Ambas investigaciones coinciden en apuntar a esta ley como una de las principales causas de la gigantesca deuda pública de más de US$70,000 millones que tiene la isla.
En un editorial publicado este miércoles en The New York Times, el abogado boricua Nelson Denis opinó que con la eliminación de la ley se podrían salvar muchos puertorriqueños -especialmente niños y ancianos- de una potencial hambruna.
«La derogación de la Ley Jones también permitirá a los isleños encontrar medicamentos, especialmente productos farmacéuticos canadienses, a precios que salvan vidas. Y dará acceso a los a los mercados internacionales de petróleo crucial para el funcionamiento de su red eléctrica», sostuvo.
De acuerdo con Denis, los beneficios de la eliminación de esta ley no solo se harían palpables en la recuperación tras el paso del huracán, sino en el propio futuro de la isla.
