/ Imagen: Fuente externa
SAN CRISTOBAL, República Dominicana.- El juez Mateo Céspedes Martínez, primer sustituto de la Corte de Apelación de San Cristóbal, realizó fuertes acusaciones contra el Poder Judicial de la República Dominicana.
En un video que circula en las redes, Céspedes apunta directamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, denunciando un expediente fabricado en su contra por la Inspectoría del Poder Judicial.
Denuncia de represalias
Por consiguiente, Céspedes sostiene que este expediente es una represalia por sus denuncias de corrupción y encubrimiento dentro del sistema judicial.
Según el juez, fue víctima de una conspiración para desacreditarlo después de rechazar supuestos intentos de soborno por parte de un consejero, ahora juez de una alta corte.
Este consejero, asegura Céspedes, le habría pedido la liberación de cuatro individuos vinculados al crimen organizado, y tras su negativa, recibió amenazas de muerte.
Casos ignorados
Por otra parte, en sus declaraciones, el juez también denunció que el sistema judicial ha ignorado casos graves, como el abuso sexual de una niña de 10 años por un juez de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana.
A pesar de presentar pruebas y testimonios, Céspedes afirma que la Inspectoría del Poder Judicial no tomó ninguna acción. Estas denuncias, según él, reflejan un sistema judicial que, bajo la dirección de Luis Henry Molina, protege a personas poderosas y encubre actos delictivos graves.
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Sistema cuestionado
En adición a esto, el juez Céspedes cuestiona la integridad y transparencia del régimen disciplinario del Poder Judicial, al que acusa de fabricar expedientes para eliminar a quienes denuncian irregularidades.
Afirma que la Inspectoría del Poder Judicial se ha convertido en un instrumento para encubrir delitos y proteger a jueces involucrados en conductas criminales.
Llamado a la acción
Finalmente, Céspedes ha pedido al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se distancie de estos actos y tome medidas disciplinarias contra los involucrados en la fabricación de expedientes y encubrimiento de delitos.
También, exige una investigación a fondo de las denuncias presentadas y que se procese a los responsables de cualquier acto de corrupción o abuso de poder.
La comunidad jurídica y la sociedad en general observan con atención estas acusaciones, que reavivan el debate sobre la transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la justicia en el país.
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