Piden presión social contra la macrodelincuencia como el caso ODEBRECH
HERRERA, SANTO DOMINGO (LD).- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) llamó a la sociedad a presionar para que sea desmontada la “macrodelincuencia” de entes públicos y privados, que desencadena las manifestaciones de violencia callejera en forma cíclica en el país.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de AEIH, dijo que la impunidad frente al enriquecimiento ilícito de funcionarios, la evasión y el fraude fiscal de agentes económicos, en el contexto de un sistema de justicia corrompido, es el principal motor de la delincuencia, la pobreza, la exclusión social y la desesperanza.
“Desde el poder se exhibe ante la sociedad la ruta fácil para la creación de riquezas; gentes que no resisten una auditoría visual también rehúsan ofrecer sus declaraciones juradas, aunque exhiben sus activos con toda desfachatez y sin que nadie las cuestione; son delincuentes de cuello blanco”, apuntó Taveras Guzmán.
El presidente de la AEIH sostuvo que una función pública ética, con servidores caracterizados por la probidad, y que aplique un sistema de consecuencia para quienes violen la ley, puede influir en toda la cadena social disipando la corrupción a nivel general.
“Por eso es tan importante que un caso típico de macrodelincuencia como el de Odebrecht tenga consecuencias, pues lo contrario estaríamos apostar por una sociedad de malhechores a todos los niveles”, indicó el dirigente empresarial.
Señaló que si, en paralelo, se ejecuta una nueva ola de reforma en el plano judicial, que involucre a los jueces, al Ministerio Público y a la Policía, será posible revertir el proceso de deterioro que está viviendo el país en términos de seguridad pública.
Taveras Guzmán advirtió que la inseguridad lleva al quiebre de la cohesión social y es un amenaza para mantener en el largo plazo el crecimiento económico, la inversión privada, local y extranjera, y el flujo de divisas a través de las exportaciones de bienes y servicios.
Lamentó que hasta ahora ningún Gobierno en los últimos 20 años ha podido desarrollar una política de seguridad pública consistente y continua.