Carlos Peña, líder de GenS, presenta pruebas de asociación de malhechores ante la Procuraduría General de la República. / Imagen: Fuente externa
Bonilla y Pujals son acusados de asociación de malhechores y fraude en contrato de 300 millones
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Generación de Servidores (GenS), liderado por Carlos Peña, presentó una querella formal contra Carlos Bonilla, Ministro de Vivienda, y Bartolomé Pujals, Director de la OGTIC, acusándolos de integrar una «asociación de malhechores». Según GenS, ambos funcionarios habrían facilitado un contrato fraudulento de 300 millones de pesos a favor de Jacinto B. Howley Dumit Serulle.
Las pruebas presentadas por GenS
Carlos Peña, en representación de GenS, aseguró que el expediente presentado ante la Procuraduría General de la República contiene pruebas contundentes. «Este voluminoso expediente revela la trama utilizada por Carlos Bonilla para beneficiarse de un contrato de alquiler con el Estado», declaró Peña.
Entre las pruebas se encuentran documentos que vinculan a Bonilla con la empresa CBS Developments, SRL, propietaria del Fideicomiso Inmobiliario y de Garantía para el Desarrollo del Proyecto Velero At Punta Cana. Esta empresa sería la gran beneficiaria del contrato en cuestión.
El papel de la OGTIC en la presunta corrupción
GenS también acusa a Bartolomé Pujals, Director de la OGTIC, de colocar esta institución al servicio de la estructura de corrupción. «La OGTIC fue utilizada para facilitar el contrato fraudulento», señaló Peña durante la rueda de prensa.
Además, se presentaron movimientos de dinero y documentos que demuestran la existencia del contrato entre la OGTIC y Jacinto B. Howley Dumit Serulle, quien actuaría como prestanombre en la operación.
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Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived) y Bartolomé Pujals, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) / Imagen: Fuente externa
Solicitud de prisión preventiva y penas máximas
GenS solicitó a la Procuraduría General de la República la inmediata prisión preventiva para Bonilla y Pujals. Asimismo, exige la aplicación de las penas máximas por los delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y fraude contra el Estado.
«Este caso es un claro ejemplo de cómo la corrupción afecta al Estado dominicano y a sus ciudadanos», concluyó Peña.
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