SANTO DOMINGO, RD (LD).– Un informe sobre el funcionamiento del tribunal de tránsito del Distrito Nacional revela debilidades en esa jurisdicción, que incluyen frecuentes aplazamientos porque los fiscales no asisten a las audiencias y  pocas citaciones de los imputados por falta de alguaciles.

El reporte,  rendido a la Comisión encargada de la administración, funcionamiento y desempeño de los juzgados de paz del Distrito Nacional evidencia también carencias de equipos para realizar el trabajo en algunas  salas.

Según el informe, obtenido por Listín Diario,  en la sala I que conoce sobre las multas,  se suscita una gran problemática en la administración de justicia, siendo calificada como una sala “silente”.  

El informe explica que el silencio que sepulta esa sala  se debe a que no está recibiendo apoderamiento de parte del ministerio público, a los fines de solucionar conflictos en materia de contravenciones (multas).

La valoración es sustentada en la poca cantidad de expedientes que conoció esa sala en el año 2016, en cuyo período solo fueron ventilados un total de 61 casos.  Hubo dos meses de ese año, noviembre y diciembre, que no se produjo un apoderamiento a esa sala, mientras que en febrero solo hubo uno, en junio dos,  en abril tres, en octubre cuatro. En los demás meses, entre seis y 12 expedientes, que fue la mayor cantidad, los cuales ingresaron en agosto.

La poca actividad de esa sala del Juzgado Especial de Tránsito, se atribuye  a que la ley 241 sobre tránsito, vigente hasta el 22 de febrero, cuando fue promulgada una nueva legislación, es de estirpe penal y otorga plena facultad de actuación al ministerio público, porque se entiende que ante la existencia de una colisión entre vehículos de motor, el interés público puede resultar gravemente lesionado.

Explica que en materia de contravención, una vez la misma es levantada por el oficial actuante, el ministerio público recibirá y tendrá a modo inicial, el dominio del proceso.

En el informe se narra que cuando los ciudadanos se presentan ante las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte, ubicadas en el mismo edificio del Juzgado de Tránsito, son enviados a la oficina de la Fiscalía, y que allí no se permite al usuario que hable.

“Cuando el ciudadano habla lo mandan a callar, quedando limitado el impetrante a la espera de la foja (hoja) contentiva del cúmulo de multas, la cual viene adherida con un recibo dado por el ministerio público, aun este esté inconforme”,   dice el documento.