Por Manny Castle
LOS ALCARRIZOS, Santo Domingo.- Los residentes de la urbanización San Rafael, en el municipio Los Alcarrizos, están por vender sus casas y largarse del lugar donde han vivido tranquilos por años y han visto sus hijos crecer y casarse.
La actitud indolente de algunos residentes desaprensivos ha acabado con esta tranquilidad. A esto se le agrega la organización de “teteos” con música a todo volumen.
Las denuncias no sirven, pues cuando han sucedido, los miembros actuantes le dicen al organizador del «teteo» que tal o cual vecino los denunció, creándose posteriores discusiones y confrontaciones.
Debido a la situación descrita, los fines de semana ese sector se llena de “visitantes” atraídos por la música alta y el alcohol.
Lo más reciente fue la apertura del drink D´Junior. En principio se anunciaba como cafetería o colmadito, debido a su ubicación geográfica, resultó ser el “escape” o «escondite» para los clientes de otros centros de bebidas de los alrededores que cierran por el toque de queda.
El referido negocio está ubicado a unos 132 metros lineales de la dirección regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional.
El «drink», cada fin de semana instala un karaoke a todo volumen, en violación flagrante a la ley 287-04 sobre la Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que producen contaminación sonora.
De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, el propietario de la “cafetería” de bebidas es miembro de la familia Mesa, una familia muy allegada a Cristian Encarnación, actual alcalde de Los Alcarrizos por el partido oficial, y uno de sus hermanos es un dirigente político del PRM, quien además trabaja directamente con el edil municipal.
Al parecer esa es la razón por la que este negocio mantiene a todo volumen su música en ese vecindario, con evidente complicidad de las autoridades locales.
Dicha ley fue modificada en el 2019 por el Senado de la República. Esta modificación incluyó sanciones a colmadones, tiendas de licores, bares, clubes diurnos y nocturnos y otros tipos de negocios o sitios privados, utilizando para ello bocinas, música estruendosa, y otros implementos y establece sanciones para los violadores que van desde tres a 30 salarios mínimos en el sector público.
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