El actual director de comunicaciones del MOPC también es contratista del Estado y pensionado

En una investigación periodística llevada a cabo por el medio digital La Evidencia muestra que Andrés Matos, “Director de Comunicaciones” del MOPC ganó asesoría por cerca de RD$6 millones en su propio Ministerio; ha contratado casi RD$12 millones con seis instituciones y es pensionado del Estado

El funcionario quien además goza de una pensión del Estado por 33 mil pesos mensuales, fue adjudicado el día 4 de febrero 2022 con un contrato de 5 millones 904 mil pesos, con una duración de 24 meses, un tiempo inaudito para un asesor y en un proceso que duró menos de 24 horas. El año pasado el MOPC le adjudicó otro contrato, en un proceso que duró exactamente 20 minutos.

De las asesorías, prohibiciones y duración

El artículo 80 de la Ley 41-08 de Administración Pública, establece limitaciones al ejercicio de los servidores públicos, siendo bastante enfático el numeral 2: “Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia al Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos”. El numeral 8 sobre las prohibiciones amplía sustancialmente diciendo: “Prestar a título oneroso servicios de asesoría o de asistencia a órganos o entidades del Estado.

En su sección de definiciones, la ley 340 define el servicio de consultoría claramente y salvo el mejor parecer de nuestros lectores, esa descripción luce muy distante de la contratación hecha por 24 meses al señor Licho Matos, veamos:

“Servicios de consultoría: Constituyen servicios profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. Es decir, son aquéllos de índole estrictamente intelectual, cuyos resultados no conducen a productos físicamente medibles”.

La definición anterior no luce vinculada a un ejercicio cotidiano y rutinario de una función pública. Tampoco se busca un asesor o evaluador para que dure 24 meses. Un analista de compras y contrataciones dijo a este medio cuando se le preguntó sobre la duración de esa asesoría: “Pero por Dios, sale más barato ponerlo en nómina”.

¡Para que lo anotes!

Desde esta tribuna www.laevidencia.com.do, no se procura acusar a nadie, sino hacer de los ciudadanos dominicanos personas más conscientes. En tal virtud, se dejan algunas normas importantes a observar sobre la conducta de los funcionarios públicos.

Lo que dice el código penal

Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricación.

Art. 265.- (Modificado por la Ley 705 del 14 de junio de 1934 G.O. 4691). “Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública”.

Art. 266.- (Modificado por las Leyes 705 del 14 de junio de 1934 G.O. 4691; 224 del 26 de junio de 1984 y 46-99 del 20 de mayo de 1999). “Se castigará con la pena de reclusión mayor, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior”.

Andrés Matos (Licho) junto a Deligne Ascensión, ministro del MOPC. Fuente externa.

Tráfico de influencias

El delito de tráfico de influencias es una manifestación de la corrupción administrativa, y se comete cuando alguien influye en un funcionario público o autoridad haciendo uso del prevalimiento para que emita una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero.

El tráfico de influencias es una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable, que consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.

En República Dominicana, este delito no se encuentra tipificado como tal, sino que es accesorio a otros como el lavado de activos, la corrupción administrativa, etc. De acuerdo al proyecto de ley del nuevo Código Penal dominicano que cursa en el Congreso Nacional, el mismo contempla la tipificación del delito de tráfico de influencias.

En todo caso Andrés Licho Matos, no está en nómina del MOPC y, probablemente, cree que eso es suficiente para evadir las normas, pero aunque la ley 340-06 tenga grandes vacíos, en buen derecho existe el principio Mutatis mutandis, que significa «cambiando lo que haya que cambiar».  

Los investigadores del portal www.laevidencia.com.do entienden que los empleados públicos se rigen por la Ley 41-08, sobre Administración Pública, pero quizás un juez consciente puede interpretar y aplicar el PRINCIPIO IX, del código de trabajo, en el cual dice: “El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos.

En el orden de lo anterior, es muy posible que las falencias de la Ley 340-06, ante un hacedor de justicia firme, puedan hacer Mutatis Mutandis hacia el Código Penal o al Código Civil. ¡Pase buenas, señor lector! 

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