SANTO DOMINGO, RD (EFE).- Unas 1,500 personas se congregaron hoy en el Parque Independencia de Santo Domingo para recibir a la antorcha contra la corrupción que ha recorrido la República Dominicana durante siete días para exigir que los involucrados en los sobornos admitidos por la empresa Odebrecht sean sometidos a la justicia.

La iniciativa, promovida por el colectivo ‘Marcha Verde’, comenzó el pasado lunes 13, cuando distintas llamas emprendieron camino a la capital desde Valverde (noroeste) Higüey (este) y Barahona (suroeste), haciendo un recorrido simultáneo desarrollado por relevos, al que se ha ido sumando gente en sus distintas etapas.

A cada actividad encabezada por miembros del movimiento o líderes comunitarios se han sumado “desde decenas hasta centenares” de personas, en función de las características de las poblaciones y de las posibilidades de movilización, explico en declaraciones a Efe Jhonatan Liriano, uno de los portavoces de ‘Marcha Verde’.

Desde antes de las 6:00 de la tarde, los dominicanos se reunieron en el Parque Independencia, donde se celebró un concierto y se leyó un manifiesto con las reivindicaciones de los convocantes a cargo de representantes del movimiento que han encabezado la marcha en las distintas regiones del país.

Desde que se conocieron las primeras informaciones del caso Odebrecht, ‘Marcha Verde’ ha organizado varias movilizaciones, entre ellas una multitudinaria marcha en repudio a la corrupción y la impunidad en el país que se celebró el 22 de enero.

‘Marcha Verde’ exige el sometimiento a la Justicia de todos los involucrados en el caso de corrupción Odebrecht, la recuperación del dinero robado mediante sobornos y sobrevaluaciones y la cancelación de los contratos de la multinacional brasileña.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana, donde Odebrecht aseguró haber pagado 92 millones de dólares.

La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos en la República Dominicana entre 2001 y 2014, periodo que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Desde principios de este año la Procuraduría dominicana ha interrogado a varios exfuncionarios y exlegisladores sobre este caso, pero hasta el momento nadie ha sido imputado.

Mejía ha defendido la forma en la que su Gobierno manejó dos proyectos de construcción en los que estuvo involucrada Odebrecht.

Por su lado, Medina, quien asumió la Presidencia en 2012 y fue reelegido en 2016, ha afirmado que en este u otro caso de corrupción “no habrá vacas sagradas”, mientras que Fernández, actual presidente del PLD, no se ha pronunciado respecto a este tema.

Medina también ha negado haber recibido dinero de la Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2012 que le llevó por primera vez a la Presidencia.

Tanto el oficialista PLD como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece actualmente Mejía tras abandonar el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el que gobernó, han negado haber recibido dinero de Odebrecth.

Por su lado, el canciller del país y actual presidente del PRM, Miguel Vargas, quien fue ministro de Obras Públicas con Mejía, pero ahora es aliado del PLD, también ha negado cualquier relación con la empresa brasileña y en unas declaraciones ofrecidas ayer a un programa de radio señaló que la acusación de la oposición al Gobierno por el caso Odebrecht tiene un propósito “sedicioso”.

La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.

Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes. EFE