Red criminal daba documentos falsos a haitianos fue desmantelada en Peravia. / Imagen: Fuente externa
Estructura operaba desde la Oficialía de Nizao; imponen prisión preventiva y medidas de coerción
Red criminal daba documentos falsos
NIZAO, Peravia, RD.- El Ministerio Público del Distrito Judicial de Peravia desarticuló una red criminal que daba documentos falsos a nacionales haitianos de manera irregular. La estructura operaba desde la Oficialía del municipio Nizao, en la provincia Peravia, y las autoridades la neutralizaron tras una investigación conjunta.
Medidas de coerción contra implicados
La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de Peravia, Loida Amador, declaró el caso como complejo y dictó prisión preventiva para Amauri Rosario Aybar, quien cumplirá su condena en la cárcel pública de Baní. Además, la magistrada impuso garantías económicas y presentación periódica ante el Ministerio Público para Stalen Falcón, Juan Javier Maríñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez.
Allanamientos y capturas en Peravia
Las autoridades arrestaron a los imputados tras realizar varios allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní. La red criminal que daba documentos falsos incluía a empleados de la Oficialía de Estado Civil de Nizao y a terceros, quienes actuaban bajo la dirección de María del Carmen Arias Castillo, oficial del Estado Civil prófuga, y Dominga Valdez, también buscada por la justicia.
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La red criminal daba documentos falsos y suplantaba identidades de dominicanos para beneficiar a ilegales haitianos
Suplantación y falsificación de identidades
Según un comunicado de prensa, la red suplantaba identidades de dominicanos y emitía documentos falsos, incluyendo declaraciones de nacimiento fraudulentas, para beneficiar a haitianos. La Junta Central Electoral (JCE) colaboró activamente en la investigación.
Colaboración interinstitucional en la investigación
La Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su Departamento de Falsificaciones llevaron a cabo la investigación. Además, las direcciones Jurídica, de Cedulación, de Inspectoría y de Informática de la JCE brindaron apoyo.
Calificación jurídica del caso
Las autoridades calificaron provisionalmente el caso como violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos. También aplicaron los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, así como los artículos 13 y 14, numeral 4, de la Ley de Cédula No. 8-92, y los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales. Además, incluyeron los artículos 6, párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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