SANTO DOMINGO, R.D.(DL).- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) desautorizó a la Asociación Dominicana de Alguaciles (ADA) a impartir cursos o actividades de capacitación para aspirantes a ministeriales.
En un comunicado de prensa el órgano de gobierno del Poder Judicial manifestó que los procedimientos de formación y capacitación para los alguaciles son realizados a través de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Aclaró que los requisitos establecidos para la designación de alguaciles están contemplados en las reglas del Poder Judicial.
Indica que la promoción para aspirantes a alguacil que está haciendo la ADA por las redes sociales no cuenta con el aval ni vincula al Poder Judicial.
Mediante Acta núm. 21/2017, del 21 de junio del año en curso, el CPJ dispuso el reclutamiento de nuevos alguaciles ordinarios en todas las materias, destinados para cada Distrito Judicial del país donde se requiera su servicio.
La medida se enmarca en los objetivos de elevar los niveles de eficiencia en el sistema de administración de justicia y que los justiciables tengan conocimiento oportuno de las decisiones de los tribunales, indicó la entidad en la nota de prensa.
Las designaciones serán priorizadas de manera urgente en los departamentos judiciales de Santo Domingo, Monte Plata, Santiago y San Pedro de Macorís, donde es notoria la carencia de oficiales públicos.
Los requisitos para ser alguacil son: ser dominicano, mayor de edad, tener buenas costumbres, estar en pleno goce de sus derechos civiles y ser bachiller o estudiante de Derecho.
El CPJ dispuso, además, que durante el proceso de reclutamiento los aspirantes a alguaciles deberán presentar una constancia de cualquier órgano educativo acreditado que certifique haber tomado el curso de capacitación sobre la normativa que rige el Ministerio de Alguacil.
Plantea que las medidas para dotar de mayor eficiencia el sistema de administración de justicia son ejecutadas a raíz de los compromisos firmados por la Cumbre Judicial Nacional, en octubre del 2016, y el Plan de Lucha contra la Mora, anunciado el día 7 de enero por el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía.
