Representantes de la procuraduría general de la república (PRG) y la junta central electorial (JCE) ; (Fuente externa)
A través de este acuerdo, ambas entidades aspiran a mantener y respetar los derechos civiles y políticos de los reclusos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un acuerdo interinstitucional, firmado por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE).
Alcance
Este acuerdo facilitará el registro y la implementación de información biométrica en los centros de corrección y rehabilitación del sistema penitenciario, estableciendo un paso crucial para la implementación del voto penitenciario.
Germán Brito destacó el valor significativo de este convenio, «este acuerdo es fundamental, ya que reconoce derechos constitucionales a los más marginados de nuestra sociedad,» expresó durante la ceremonia de firma con Jáquez Liranzo en las instalaciones de la JCE.
Derecho al voto
La Procuradora General transmitió su emoción, considerando que este pacto restablece parte de la dignidad humana a los prisioneros.
«Este es un hito importante, ya que representa un paso adelante en el reconocimiento de la humanidad de los encarcelados.
No son simplemente números, sino individuos que pueden ejercer su derecho al voto y expresar sus opiniones respecto a los candidatos,» explicó la líder del Ministerio Público.
Germán Brito enfatizó la larga historia de exclusión del derecho al voto, recordando que las mujeres estuvieron excluidas de este derecho hasta hace relativamente poco.
Resaltó la importancia de este acuerdo como un medio para que los prisioneros sientan que su opinión y esperanzas tienen valor.
La magistrada extendió su agradecimiento a Jáquez Liranzo y al Pleno de la JCE por su disposición para perseguir este objetivo.
Por su parte, Jáquez Liranzo resaltó la firma de este acuerdo como un hito histórico para la transparencia democrática y un inicio para el reconocimiento de un derecho fundamental.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, firman el acuerdo. (Fuente externa)
Duración
El convenio, con una duración de tres años y con posibilidad de renovación por mutuo acuerdo, estipula que la JCE suministrará los equipos necesarios para llevar a cabo el registro y actualizar la información biométrica en los centros de corrección y reinserción social.
Compromisos
El Ministerio Público, por su parte, proveerá los recursos humanos, tecnológicos y logísticos necesarios para el procesamiento de la información biométrica.
La entidad encargada de perseguir delitos en la República Dominicana proporcionará a la JCE, en un plazo razonable, las sentencias irrevocables de penas criminales y aquellos hechos que ameriten la cancelación de las cédulas.
El objetivo final de este acuerdo es la implementación del voto penitenciario para las elecciones de 2024, en un esfuerzo por respetar los derechos civiles y políticos de aquellos reclusos que no los tengan suspendidos.
Además, con este acuerdo se establece que el Ministerio Público, en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional y según la nueva legislación, tiene la competencia para investigar delitos electorales.
Durante la firma del convenio también estuvieron presentes los miembros del Pleno de la JCE, así como el secretario general de la entidad y el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
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