Aunque los indicadores de seguridad en la ciudad han mejorado, los ciudadanos se sienten inseguros. La explosión de dos artefactos en Bogotá, en menos de 24 horas, obliga a las autoridades a replantear la estrategia.
BOGOTA, COLOMBIA (EM/EE).- Dos atentados con bomba en el centro de Bogotá se ha saldado con 31 personas heridas, entre agentes y civiles, que han sido ingresadas en el Hospital de la Policía Nacional, cuerpo que señala al ELN como responsable de las explosiones.
“Vamos a perseguir a los responsables y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para capturarlos… Estamos haciendo un trabajo de inteligencia no sólo en este caso, sino en otros, porque está claro que el atentado fue pensado para agredir a la Policía, nada tienen que ver con los antitaurinos. Pronto esperamos tener buenas noticias”. Estas fueron las palabras del alcalde Enrique Peñalosa tras las dos explosiones que se registraron el fin de semana en Bogotá. La última, a las 10:30 de la mañana de ayer, en la esquina de la carrera 5a. con calle 27 (sector de La Macarena) y que dejó 30 heridos (entre ellos 26 policías, uno de los uniformados presenta lesiones graves en los ojos por la metralla del artefacto, que contenía dos kilos de carga explosiva). Con esta ya van cuatro detonaciones en 2017.
En 2015, un petardo estalló en el mismo lugar, justo donde había un CAI móvil. “Creo que este atentado estaba dirigido a la Policía, porque a la hora en que ocurrió poca gente pasaba por acá. Sólo se veían los anillos de seguridad de las autoridades, que custodian la Plaza de Toros”, señala Cecilia Gómez Posada.
Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa, quien estuvo en el lugar de los hechos, aseguró que las reparaciones de los inmuebles afectados las asumirá el Distrito.
Sin resultados
La declaración del alcalde Peñalosa es prácticamente la misma que han dado secretarios y oficiales de la Policía Metropolitana en los últimos años tras cada explosión en la capital. A la fecha se han reportado alrededor de 30 casos, entre detonaciones y atentados frustrados. Sin embargo, las indagaciones no han arrojado resultados reales y se mantiene la incertidumbre sobre quiénes están detrás de estas acciones.
Las únicas capturas que intentaron relacionar con este tipo de sucesos ocurrieron en 2015. Se trató de un grupo de estudiantes y profesores a los que señalaron de ser los responsables de atentar contra las sedes de Porvenir y de Saludcoop. Sin embargo, al final las autoridades reconocieron que nada tenían que ver con esos hechos puntuales.
Entre los casos investigados se cuentan varios petardos panfletarios, ataques con granadas y atentados especializados contra la Fuerza Pública, como el de ayer, en el que los delincuentes activaron la carga explosiva a través de un teléfono celular. Este tiene referentes concretos, como para pensar que detrás hay una estructura organizada.
Por ejemplo, el 6 de febrero de 2015 en el mismo punto encontraron un artefacto con el que pretendían atacar un CAI móvil de la Policía. La carga fue descubierta a tiempo y activada de manera controlada.
En marzo de 2015, en la calle 28 sur con carrera 29 del barrio Quiroga, delincuentes activaron a control remoto el artefacto al paso de una caravana de la institución que iba rumbo a Ciudad Bolívar. Producto de la explosión, cinco uniformados y dos civiles resultaron heridos. En esa oportunidad el explosivo que usaron fue de alto poder y se usó metralla.
El último ataque contra la Fuerza Pública ocurrió hace un año, de la misma forma que el anterior, mientras se movilizaba un bus de la Armada, en el sector de Guaymaral. Diez personas resultaron heridas. Ese fue el primer campanazo de alerta para la administración de Enrique Peñalosa en lo que a actos terroristas se refiere. Y puso sobre la mesa, una vez más, la discusión sobre la vulnerabilidad de Bogotá ante estos hechos.
