A la izquierda, el expresidente Alfredo Cristiani Burkard; a la derecha: yacen en el suelo los cuerpos sin vida de los jesuitas y colaboradoras asesinados : Fuente externa
Fiscalía de El Salvador señala Cristiani ordenó el asesinato de jesuitas en 1989
Resumen de la querella del CJA
En 2008, Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA siglas en inglés) con sede en California, Estados Unidos, interpuso una querella criminal en Madrid contra el antiguo presidente salvadoreño Alfredo Cristiani Burkard y 14 antiguos oficiales militares por su papel en la muerte de seis padres Jesuitas, la ama de llaves y su hija de 16 años en 1989.
El 13 de enero, 2009, la Audiencia Nacional formalmente imputó a 14 exoficiales salvadoreños con crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
Adicionalmente, el Jurado reservó el derecho de acusar al antiguo presidente salvadoreño Cristiani, si más evidencia de su papel en el crimen se da a luz en el curso de la investigación. El 13 de mayo, 2009, CJA presentó la primera ronda de declaraciones de testigos en Madrid.
EL SALVADOR.- Alfredo Cristiani Burkard, quien fue presidente de El Salvador de 1989 a 1994, ha sido acusado en un caso que ha vuelto a abrir antiguas heridas de la guerra civil del país, la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989.
Los sacerdotes jesuitas españoles asesinados junto a dos colaboradoras, en San Salvador, el 16 de noviembre de 1989. Foto: El Confidencial
Este incidente, conocido como el «Caso Ellacuría», en honor al padre Ignacio Ellacuría, uno de los sacerdotes jesuitas asesinados y defensor destacado de la Teoría de la Liberación, ha sido reabierto por la Fiscalía General de la República de El Salvador.
En la acusación, se dice que Cristiani estaba presente en la reunión donde se organizó y ordenó el operativo militar que resultó en la masacre.
Además, Cristiani se enfrenta a un caso de corrupción por la apropiación indebida de 4.2 millones de dólares de fondos públicos durante su mandato.
Como resultado, la Fiscalía incautó 156 propiedades, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos de Cristiani, así como impuso un embargo preventivo a tres empresas.
Por ahora, Cristiani está prófugo de la justicia. A pesar de las graves acusaciones, él alega su inocencia, argumentando que nunca supo de los planes para llevar a cabo la masacre.
El caso ha sido una montaña rusa judicial, con condenas originales anuladas por una Ley de Amnistía General en 1993.
Sin embargo, esta ley fue declarada inconstitucional en 2016 y el caso fue reabierto en 2022, resultando en las actuales acusaciones contra Cristiani.
Las pruebas incluyen llamadas telefónicas entre Cristiani y Ellacuría en los días previos al asesinato.
Durante una de estas llamadas, Cristiani supuestamente aseguró a Ellacuría que no debía preocuparse por el registro en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde los jesuitas estaban alojados.
ANTECEDENTES (Center for Justice and Accountability)
En la mañana del 16 de noviembre de 1989, El Salvador y el mundo despertaron con las noticias que seis Jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta habían sido brutalmente asesinados. El ejército salvadoreño llevo a cabo el crimen como parte de su desencaminada defensa contra una ofensiva lanzada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El ejército buscaba desviar atención de su papel en los asesinatos y culpo al FMLN pintando la consigna del FMLN en las paredes de la escena del crimen que falsamente acusaba a los sacerdotes de haber colaborado con el gobierno. Como esta resumido en el reporte de la Comisión de Verdad, en la noche del 15 de noviembre, 1989, el coronel Ponce, en la presencia del general Juan Rafael Bustillo, coronel Juan Orlando Zepeda, coronel Inocente Orlando Montano y coronel Francisco Elena Fuentes, ordeno al coronel Guillermo Alfredo Benavides que matara al padre Jesuita Ellacuría y que no dejara testigos. Esa misma noche, Benavides le ordenó a Espinoza Guerra que llevara a cabo la misión de matar a Ellacuría y no dejar testigos.
Espinoza Guerra y su sección llegaron a la Universidad de Centro América “José Simeón Cañas” (UCA) en San Salvador y en la madrugada del 16 de noviembre, 1989 y se abrieron paso a través del Centro Pastoral.
Cuando los sacerdotes salieron para averiguar cuál era todo el alboroto, fueron ordenados a salir al jardín y acostarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados revisaban el edificio. A este punto, el teniente Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes. Al final, seis sacerdotes, la ama de llaves y su hija fueron brutalmente asesinados.
El teniente Espinoza Guerra y sus tropas intentaron cubrir su papel en la masacre tratando de hacer parecer que los asesinatos fueron cometidos por miembros del FMLN. Hicieron esto por pintar la consigna del FMLN en las paredes y usando un rifle asociado con matanzas del FMLN.
En respuesta a una petición presentada por Human Rights Watch en 1999, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (IACHR) encontró que El Salvador había violado los derechos a la vida, garantías judiciales y persecución efectiva de las víctimas.
La IACHR recomendó que El Salvador condujera una investigación completa, imparcial y efectiva en acuerdo con los criterios internacionales para identificar, perseguir y sentenciar a todos los grupos responsables.
La Comisión también hizo el llamado a El Salvador para indemnizar los grupos afectados y ajustar sus leyes internas para cumplir con el Convenio Americano de Derechos Humanos, que incluyera la revocación de la Ley de Amnistía.
En los últimos decenios, El Salvador todavía no ha tomado los pasos necesarios para cumplir con estas recomendaciones. La Ley de Amnistía todavía está en efecto, y ninguno de los responsables han sido traídos a justicia. En vez, muchos de ellos ocupan importantes posiciones políticas en el país.
Todo esto ha ocurrido, aunque la masacre de los jesuitas es, junto con el asesinato del arzobispo Romero y las de las monjas y mujer laica estadounidenses, uno de los casos más emblemáticos de impunidad de la guerra civil en El Salvador.
Es nuestra esperanza, que, a través de esta litigación, podamos ayudar a los parientes de las víctimas y a las víctimas salvadoreñas encontrar la justicia que se les ha negado durante los últimos 30 años.
#alcarrizosnews #elsalvador #martires #uca #jesuitas #CasoEllacuria #Corrupción #justicia #alfredocritiani #matanza #dictadura
Ultimas noticias
LLYC analiza el impacto de la polarización global
LLYC presenta un análisis detallado del impacto de polarización global en la sociedad y las empresas.
Conciertos gratis Megaparranda Navideña alegran el país
Los conciertos gratis Megaparranda Navideña traen música, cenas navideñas y alegría a cada rincón del país.
La noche polar en Barrow, fenómeno que atrae curiosidad
La noche polar en Barrow cautiva por su singularidad y las maravillas de su oscuro paisaje.
