PANAMA (EFE).–  Las denuncias cruzadas de corrupción, las sospechas de amiguismo y las constantes acusaciones de clientelismo ponen a Panamá al borde de una crisis institucional que enfrenta a la Asamblea Nacional, Gobierno y partidos, e incluso a la Administración de Justicia.

La Asamblea Nacional ha visto como se deterioraba su imagen por el escándalo de las «donaciones» que realizaban los diputados, de manera discrecional y aparentemente descontrolada, según todas las denuncias, a entidades y personas físicas.

Nada menos que 14 millones de dólares en los últimos tres años, de los que buena parte podrían haber tenido un destino distinto al declarado, según las documentadas denuncias formuladas en el diario local «La Prensa». La cuestión obligó a la Corte Suprema de Justicia a declarar inconstitucional el reglamento que las regía, aprobado por la Contraloría precisamente para limitar las críticas de clientelismo que se habían vertido sobre la Asamblea en pasados ejercicios.

La Asamblea Nacional, que suspendió las donaciones, creó una Comisión de Investigación sobre el caso, que se superpone a la ya constituida para indagar casos de corrupción, pero que nace con la duda de que uno de sus integrantes se vio envuelto hace unos años en un escándalo por la presunta compra de terrenos a precios muy inferiores a los del mercado.

Al choque entre la Contraloría y el Alto Tribunal se suma la denuncia penal formulada por la Alianza Ciudadana ante la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber nombrado supuestamente a 600 funcionarios al margen de la Ley de la Carrera Judicial. La denuncia se presentó pocos días después de la sentencia sobre el reglamento de donaciones.

Pero no es el único enfrentamiento institucional. La propia Asamblea decidió crear una comisión de investigación sobre la corrupción a raíz del escándalo Odebrecht, con la misión de evaluar las licencias concedidas en las obras de infraestructura durante el mandato de los tres últimos gobiernos.

Las sospechas afectan incluso a la propia Presidencia de la República, después de que el abogado Ramón Fonseca, implicado en el caso de los «papeles de Panamá» aseguró que la constructora brasileña había financiado la campaña del actual presidente, Juan Carlos Varela, lo que este niega.

Fonseca, que presidía el partido de Varela, figuraba como ministro consejero en su Gabinete en el momento en el que se produjo la filtración que demostraba que su bufete se dedicaba a facilitar la creación de empresas que podrían permitir la ocultación de capitales. Esta ocultación afectaría, entre otros, a los exigentes fiscos de la Unión Europea, donde realiza estos días una gira la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo de Alvarado, con el objetivo de lograr el reconocimiento de las instituciones europeas «al compromiso de Panamá por adaptarse a estándares internacionales de transparencia».

El Gobierno de Juan Carlos Varela centró los primeros meses de su mandato en la investigación de supuestos casos de corrupción protagonizados por su antecesor, Ricardo Martinelli, y otros miembros del Ejecutivo del que el actual mandatario fuera vicepresidente. La investigación parlamentaria sobre las obras de infraestructura afectaría sin embargo a su propia gestión.

En cualquier caso, comentaristas y expertos juristas apuntan que el caso Odebrecht, con todo su peso, no es más que la punta del «iceberg» de las coimas recibidas por funcionarios en diferentes administraciones. Las investigaciones evidencian las dificultades que afrontan las empresas que intentan conseguir contratos públicos sin recurrir a «engrasar» a los responsables de la concesión de licencias.