Una petición al Presidente
SANTO DOMINGO, RD (DL).- Los alcaldes del Gran Santo Domingo junto a la Mancomunidad y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) rechazaron el aumento unilateral del costo por cada toneladas de basura que recibe Duquesa, implementado por la empresa Lajun, y advirtieron que la decisión crearía una crisis sanitaria sin precedentes.
En una declaración pública, los alcaldes afirman que es inaceptable que Lajun haya aumentado de forma exorbitante desde 130% hasta 1,100% en algunos casos por la tonelada de desechos sólidos vertidos en Duquesa.
Radhamés Castro, alcalde de Boca Chica y vocero de los síndicos, explicó que sólo al cabildo de Los Alcarrizos se le aumentó de RD$160,000 a RD$1.7 millones y al del Distrito Nacional de RD$7 millones a RD$16 millones.
“Jamás aceptaremos una medida de esa naturaleza adoptada de manera unilateral, pues la misma sienta un fatídico precedente para que la empresa pueda adoptar las medidas que considere en el momento que considere, sin contar con el consenso de los ayuntamientos, quienes por mandato constitucional y legal tienen la facultad del manejo de los residuos sólidos”, leyó Castro.
Alertaron que con esa decisión se pone en peligro a los munícipes si, como rechazo a la medida, la administración de Duquesa impide que los cabildos viertan sus desechos en ese lugar, lo que crearía una crisis que afectará a todos los habitantes del Gran Santo Domingo.
Castro dijo que la actitud de Lajún afecta el proceso que venían agotando desde la mancomunidad junto a la autoridades de Medio Ambiente y de Economía, Planificación y Desarrollo en procura de una alternativa integral a la problemática de los residuos sólidos en el marco del Plan para la Recolección de los Residuos Sólidos del Gran Santo Domingo, proyecto elaborado junto al Banco Mundial y la Jica.
Lajún ofrece su versión
Este martes, la empresa Lajún emitió un comunicado en el que explica que informaron a los ayuntamientos que no tenían intención de renovar los contratos al mismo precio y que, a partir de enero de 2017, “teniendo en cuenta que no habíamos recibido respuesta por su parte, se facturaría en torno a una tarifa acorde al precio de mercado ($8.14 por tonelada)”. “Como inversionistas extranjeros estamos altamente preocupados por la inseguridad que provoca el comportamiento de ciertas autoridades públicas”, dice el comunicado.
Agregan que para hacer prevalecer sus derechos están dispuestos a llegar a los más altos organismos internacionales competentes en caso de que continúe el intento de abuso de poder que están denunciando.