SANTO DOMINGO, R.D. (EC).– La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana que crea el Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant), que será el organismo rector y operativo del transporte de carga y pasajeros.

Los diputados acogieron unanimidad, en una única lectura, las modificaciones hechas a la pieza por el Senado.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, quedarán eliminadas la Oficina Técnica del Transporte Terrestre; Dirección General de Tránsito Terrestre; Consejo para la Administración y Regulación de Taxis; Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes del Transporte Público, y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre. Asimismo fusiona a la Autoridad Metropolitana del Transporte y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago, para crear la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Según lo establecido en dicha ley, el Intrant será un organismo rector, nacional, sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, y se encargará de cumplir y hacer cumplir su contenido en el tránsito y transporte terrestre.

El Intrant conformará un comité consultivo, el cual se encargará de promover la concertación de las distintas entidades que desarrollarán actividades relacionadas.

La ley establece que la persona que haya sido multada no podrá renovar licencia, obtener la revista, ni traspasar un vehículo en tanto pague dicha multa. Asimismo, que los vehículos tanto públicos como privados no podrán transportar más personas de las que mande el fabricante. El infractor tendrá un plazo de 30 días para pagar la multa o para impugnar ante un tribunal de transito la violación.

También crea la Escuela Nacional de Educación Vial que indicará las políticas públicas de la enseñanza de la educación vial para concientización.

Se crea además un observatorio, que fungirá como órgano consultor del gobierno central, y de los ayuntamientos para adecuar la aplicación de políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del Plan Estratégico Nacional, de los planes locales de la seguridad vial y los planes a desarrollar en las instituciones públicas y privadas, de cara a la prevención de los accidentes de tránsito.

Para el experto en temas de transporte, Onéximo González, la aprobación de la ley con la distribución de los ingresos obtenidos por las multas, no cumplirá con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito. Expuso que es vital tener en cantidad, calidad y bien pagados los agentes de tránsito y transporte en el país.

Así como financiar modernas infraestructuras de seguridad para el tránsito y el transporte. “Aquí seguiremos con las mismas calamidades en esta área tan importante que se resolvía con esta ley”.