LIMA, PERU (EP).– El juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en el marco de las investigaciones por las coimas de la empresa brasileña Odebrecht.
Los argumentos del juez para declarar procedente el pedido del fiscal Hamilton Castro, de ordenar la prisión preventiva del exmandatario, se basan en que existe un alto grado de probabilidad de que el expresidente Toledo haya sostenido un acuerdo ilícito con funcionarios de Odebrecht para favorecerlos en la concesión de la carretera Interoceánica.
“Existe un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se le imputan a Toledo Manrique en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos”, señaló el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
El magistrado sostuvo que existen varios elementos de convicción sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la mencionada carretera. Agregó que se tejió un marco legal para que el mencionado proyecto fuera ejecutado por la inversión privada y que se le exonerara del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con lo cual no se siguió con el trámite regular que se cumplía en otras obras.
Por su parte, Heriberto Benítez, abogado del expresidente Toledo, señaló que presentará un recurso de apelación contra la orden judicial que dispone 18 meses de prisión preventiva para su defendido.
Ley y justicia son para todos
Tras la decisión del Poder Judicial, el Ejecutivo ratificó que la ley y la justicia son para todos y que harán que todos los mandatos se cumplan. En ese sentido, informó que el Ministerio del Interior, apenas reciba la notificación del juez, procederá a enviar la alerta roja a los 190 países que conforman el Sistema de la Interpol. Señaló que si el expresidente Toledo no se pone a derecho o no es expulsado del país en el que se encuentre, la Cancillería y el Ministerio de Justicia llevarán a cabo el proceso de extradición, a pedido del Poder Judicial.
Refirió que si en las próximas horas no se conoce el paradero del exmandatario, la Comisión de Recompensas para Requisitoriados por delitos graves lo incluirá en el sistema para facilitar su captura en el Perú o en cualquier país.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, reafirmó que el Poder Judicial brinda todas las garantías para el debido proceso.
Dato
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que el fallo del PJ es una decisión histórica que obedece al trabajo serio e imparcial de los fiscales.
Agregó que su institución seguirá trabajando en forma firme contra la corrupción, con miras a “devolver la esperanza al Perú”.
