/ Imagen: Fuente externa
Transacción cuestionada supera protocolos y comisiones habituales
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Federación Nacional de Peloteros Profesionales, conocida por sus siglas Fenapepro, enfrenta acusaciones de una venta irregular de un extenso terreno en Santo Domingo Este (SDE).
El terreno, ubicado en la Avenida Ecológica y con una superficie de 26,000 metros cuadrados, fue vendido por la directiva sin seguir los protocolos establecidos en sus propios estatutos, lo que ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos.
Irregularidades en el proceso
Según los estatutos de la federación, cualquier transacción de esta envergadura requiere la aprobación de tres cuartas partes de sus miembros.
No obstante, la venta se realizó por un valor de 157 millones de pesos dominicanos, a crédito por un período de tres años, con un pago inicial de 60 millones de pesos.
Comisiones exorbitantes
Lo que más ha llamado la atención en este caso son las comisiones involucradas. La directiva de Fenapepro habría acordado el pago de 26 millones de pesos en comisiones, un 18% del total de la venta, cifra significativamente superior al máximo usual del 5% en este tipo de transacciones.
Este detalle ha intensificado las dudas y los reclamos por parte de varios sectores interesados.
Preguntas sin respuestas
A raíz de estas acciones, se han levantado numerosas preguntas sobre la identidad de los compradores y los beneficiarios de las cuantiosas comisiones.
Hasta el momento, el presidente de la federación no ha proporcionado detalles concretos ni ha justificado el porqué del pago total de las comisiones con el primer desembolso, en lugar de prorratearlas conforme se realizarán los pagos restantes.
Consecuencias esperadas
En resumen, este escándalo ha puesto bajo el microscopio a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, generando un clima de desconfianza y exigencias de mayor transparencia.
Por su parte, los afectados y observadores del sector esperan que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes.
Finalmente, la comunidad exige responsabilidades claras y acciones concretas para rectificar lo que parece ser una grave falta administrativa y ética en la gestión de los bienes de la federación.
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