Prisión domiciliaria y garantía económica por violación sexual

Prisión domiciliaria y garantía económica por violación sexual

 / Fuente externa

Juez impone prisión domiciliaria a acusado por violación sexual a menor de 13 años

SANTIAGO RODRÍGUEZ, República Dominicana.- En un fallo que marca un precedente en materia judicial, el juez Pablo Imbert de la provincia de Montecristi ha impuesto la prisión domiciliaria y una garantía económica de un millón de pesos como medida de coerción a un individuo señalado por el Ministerio Público por presunta violación sexual de un niño de 13 años.

Acciones legales y omisión de nombre

La Fiscalía imputa cargos por violación sexual, omitiendo el nombre del menor por precaución.

El juez Imbert, quien asumió el caso después de que la jueza Wanda Iluminada Vargas, del Tribunal de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago Rodríguez, se inhibiera de conocer la solicitud, tomó la decisión en contra de Cirilo Torres (Negro) por las acciones atribuidas por el Ministerio Público en contra del menor de edad, cuya identidad se omite para salvaguardar su integridad.

Responsabilidad provisional y marco legal

El Ministerio Público establece provisionalmente responsabilidad del acusado según el marco legal vigente.

Diácono Cirilo Torres Cruz (Negro)  /  Fuente externa

El órgano persecutor, que solicitó al juez la imposición de la prisión preventiva como medida para asegurar que Torres responda ante la gravedad de los hechos, provisiona al imputado por violar el artículo 396 de la Ley 136-03, sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como también los artículos 330, 331, 333, 355 y 356 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97.

Denuncia y amenazas

Los hechos se desarrollaron en la comunidad El Cerrazo, del municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez, donde el imputado fue denunciado por abuso sexual.

El menor, cuyo caso fue referido al Departamento de Psicología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de la Unidad de Violencia de Valverde, relató que el acusado lo sometía a abuso sexual repetidamente, sobornándolo con dinero y dulces a cambio de favores sexuales, y lo amenazaba con ahogarlo en el río si revelaba lo sucedido.

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