Imagen: Fuente PGR
18 meses de prisión preventiva para Emanuel Rivera Ledesma
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha tomado una decisión crucial en el caso de la Operación Nido, donde se destapó una estafa de más de 700 millones de pesos. El Ministerio Público presentó su petición y obtuvo resultados favorables, imponiendo medidas de coerción significativas a los implicados.
Envían a prisión al cabecilla de la red
En un paso importante en este proceso legal, el juez Rigoberto Sena acogió el pedido del Ministerio Público y ordenó que Emanuel Rivera Ledesma, el principal imputado en el caso, sea sometido a 18 meses de prisión preventiva. Además, el juez declaró la complejidad del caso, subrayando la gravedad de los delitos cometidos.
Prisión preventiva para varios implicados
El magistrado Sena no se detuvo allí, también dictaminó prisión preventiva para otros acusados en este caso. Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López enfrentarán la misma medida restrictiva.
Arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García
En el caso de Reilin Arismendy Rosario García, el juez optó por el arresto domiciliario y le impuso un impedimento de salida del país como medida cautelar.
Medidas adicionales para dos de los encartados
María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa tendrán que presentar una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. Además, se les colocará un localizador electrónico (grillete) y se les prohibirá salir del país.
Participación de primer orden comprobada
El juez dejó claro que Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo y Emmanuel Rivera tenían una participación de primer orden en los hechos investigados por el Ministerio Público. Señaló que existen pruebas sólidas y legales que los vinculan directamente a las actividades delictivas que perjudicaron a las víctimas.
Valoración de los fiscales y medidas adicionales
Los procuradores fiscales Sourelly Jáquez, Magali Sánchez y Andrés Mena, que representaron al Ministerio Público en el caso, expresaron su satisfacción con la imposición de estas medidas de coerción. Destacaron que el juez evaluó pruebas contundentes, tanto documentales como periciales, para tomar su decisión.
Consideración especial para una de las implicadas
Se explicó que Escarlet Mercedes Cruz Figueroa recibió medidas menos severas debido a su situación de lactancia con una recién nacida. Sin embargo, se le considera una de las actrices principales en la utilización fraudulenta de las inversiones de las personas para beneficio personal.
Recuperación de bienes y continuación de investigaciones
Se informó que hasta el momento se han presentado 199 querellas por parte de las víctimas, y que las investigaciones aún están en curso. Se mencionó que están en proceso de interrogatorio aproximadamente cinco vendedores más relacionados con los proyectos.
Recuperación de bienes distraídos
El Ministerio Público destacó que ya han comenzado a recuperar bienes que habían sido distraídos por los imputados y que estos serán custodiados por la entidad.
Operación Nido: desmantelamiento de una red fraudulenta
La Operación Nido, que se llevó a cabo el 3 de enero, ha resultado en el desmantelamiento de una red que estafó a numerosas personas con la oferta de viviendas en proyectos inmobiliarios ficticios, involucrando maniobras fraudulentas por más de 700 millones de pesos.
Amplio despliegue en múltiples localidades
Durante la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un total de veinticinco (25) allanamientos en diversas localidades, incluyendo San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Esquema inmobiliario fraudulento al descubierto
La investigación del Ministerio Público reveló que la red criminal utilizó varias empresas, como Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para llevar a cabo un esquema inmobiliario fraudulento que incluía estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos, en detrimento de las víctimas a las que se les ofrecían viviendas en siete proyectos inmobiliarios.
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