SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público presentó acusación formal ante la Suprema Corte de Justicia en contra del diputado por la provincia Santiago Gregorio Domínguez Domínguez, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien imputa por violación de propiedad privada.
El órgano acusador solicitó a la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, que dicte apertura a juicio contra Domínguez Domínguez y que le imponga medida de coerción consistente en presentación periódica.
Además, que fije la audiencia preliminar a los fines de conocer la solicitud de auto de apertura a juicio.
La acusación presentada por el procurador adjunto Rafael Suárez Pérez y el procurador de corte Melquiades Suero señala que Domínguez Domínguez violó los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad en perjuicio de Lucila Nelly Capellán Luna.
En torno al hecho, el expediente señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime) y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del imputado el primero y chofer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del imputado Gregorio Domínguez Domínguez, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la víctima Capellán Luna construía su vivienda.
Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del imputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo.
El Ministerio Público le atribuye al legislador, en calidad de autor, la comisión de los tipos penales ejecución de medidas ejecutorias y conservatorias inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario. La acusación la acompañan diversas pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas o demostrativas.
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