Irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de raciones alimenticias superan los 10 mil millones de pesos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, presentó ante la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, una formal Denuncia Penal en contra de: CECILIO ANTONIO RODRÍGUEZ MONTÁS, ex director ejecutivo del Instituto de Bienestar Estudiantil, INABIE, designado mediante decreto No. 399-20 y destituido mediante decreto No. 733-21 del Poder Ejecutivo, por la comisión de actos de corrupción administrativa, durante su gestión, que motivaron su desvinculación, a raíz de decenas de denuncias de irregularidades, en el proceso de adjudicación de la licitación pública nacional para la adquisición de suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos públicos durante el período escolar 2021-2022.
La solicitud de Investigación Criminal es por omisión deliberada en cuanto al cumplimiento de las normas de publicidad, transparencia, formalidades y solemnidades dispuestas para el manejo de los fondos públicos, establecidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones, que deben ser observadas en los procedimientos para dotar de transparencia a las Compras y Contrataciones realizadas por las instituciones del Estado Dominicano, con fines de sustracción, distracción, disipación y aprovechamiento personal de los recursos del Estado, en violación a las disposiciones de los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172, del Código Penal Dominicano, modificados por los artículos 1,2,3,4 y 5 de la ley 166-97 que castigan la prevaricación, el desfalco, las sustracciones y otras conductas atribuibles a los funcionarios públicos.
El proceso de licitación que involucró unos 12 mil millones de pesos, estuvo plagado de irregularidades, provocando el reclamo de grupos de suplidores del almuerzo escolar, viéndose algunos obligados a elevar impugnaciones ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), por el “cúmulo de errores, incumplimientos y violaciones encadenados que se están cometiendo” no obstante haber sido advertidas de manera anticipada en una consulta escrita y un recurso de impugnación, en los meses de abril y junio del presente año 2021.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad de lucha contra la corrupción, reiteró al ministerio público, que tan pronto se dieron públicas las irregularidades debió actuar, ya que desde el mes de septiembre, decenas de suplidores del almuerzo escolar de la Jornada Escolar Extendida (suplidores JEE) denunciaron que cientos de ellos fueron excluidos del programa de alimentación escolar, en tanto que a otros se les disminuyó la cantidad de raciones para la cual ya tenían una capacidad instalada en sus empresas, lo que los empujaba a la desaparición, al tratarse de irregularidades en la asignación de la cantidad de raciones, exclusión de empresas y violación al pliego de condiciones ya establecidas.
Una de las modalidades empleadas por el destituido funcionario, consistía en adjudicarle a suplidores de Monción (Santiago Rodríguez) para que suministraran las raciones en escuelas de Elías Piña y hay casos que son de Valverde y le dieron raciones en Samaná”, en franca violación del acápite que establece en el pliego de condiciones específicas, el criterio de ubicación, para el suministro de raciones alimenticias y su distribución a los centros educativos del INABIE, que dispone “los centros educativos se adjudicarán aplicando el criterio de ubicación establecido en el presente pliego, es decir no podrá adjudicarse a ningún oferente centros educativos que impliquen desplazamientos superiores a 45 minutos desde la unidad productiva (cocina)”.
Eso con el propósito de excluirlos para favorecer a otros, sin las condiciones técnicas y de logística, en unos casos y en otros para forzar a que los que ya tenían la infraestructura, tuvieran que entregarle una ración, provocando un desasosiego a los suplidores que hicieron grandes inversiones, tomando préstamos y compromisos con Impuestos Internos y la Seguridad Social y lo más lamentable, poniendo en riesgo a los estudiantes que reciben los alimentos, por los que el Estado, invierte miles de millones de pesos, proveniente del 4% del PIB, para la educación, por lo que tanto luchamos.
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