Conozca los imputados de Operación Coral 5G

De los Santos Viola, pertenece a la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y era exsubjefe del Cuerpo Seguridad Presidencial (CUSEP) del expresidente Danilo Medina.

Además, director de la oficina de asuntos policiales y militares durante el periodo 2012-2014.

El Ministerio Público señala que posee inmuebles que no coinciden con la cantidad de ingresos que ha percibido en la entidad.

De acuerdo con el MP, De los Santos Viola se lucró de un sistema replicado de recolección ilegal de dinero tanto en efectivo como a través de transferencias, “sustentado fraudulentamente en distracción de los recursos públicos”.

Utilizó a personal que estaba bajo su estricto mando y supervisión inmediata,  familiares y militares de su círculo más estrecho para el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes.

“Al hacer un análisis de la información financiera del imputado Julio Camilo de los Santos Viola (Viola), pudo evidenciarse que el mismo no solamente desvía los recursos destinados a inteligencia en el CUSEP, sino que recibía transferencias constantes de parte de militares miembros del entramado”, dice el MP.

Es general del Ejército de República Dominicana (ERD) y estuvo en el CUSEP hasta 2014.

El Ministerio Público indica que obtuvo beneficios del desfalco al estado en el entremado siendo miembro del CUSEP.

«Una muestra de esto la tenemos en la adquisición de terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, utilizando el mismo modus operandi de los coimputados Juan Carlos Torres Robiou, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Franklin Antonio Mata Flores», dice el Ministerio Público.

Mata Flores, se desempeñó como encargado de avanzada en el Cuerpo de Seguridad Presidencial del expresidente Medina desde el 16 de agosto de 2010 hasta el 16 de agosto de 2016.

El imputado Franklin Antonio Mata Flores solo presenta vinculación con la empresa De la Cruz Auto Import S.A., en donde posee una participación de 0.2% en las acciones, no obstante, dicha empresa posee movimientos bancarios prácticamente nulos, pues no reporta operaciones en la DGII, y a pesar de tener como actividad comercial venta de vehículo no presenta ningún vehículo asociado.

El Ministerio Público establece que el imputado Mata Flores, se benefició considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado, en perjuicio del Estado.

«Una muestra de esto la tenemos en la adquisición de terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, utilizando el mismo modus operandi de los coimputados Juan Carlos Torres Robiou, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Boanerges Reyes Batista», dicen los fiscales.

Lantigua Cruz, estuvo adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), desde el 21 de agosto de 2014 hasta el 17 de mayo de 2021, desempeñando las funciones de ayudante del director general y encargado de mesa en el CESTUR .

De su participación en la estructura de corrupción, el Ministerio Público lo acusa de aumentar considerablemente su patrimonio, adquiriendo propiedades que no podría justificar con sus ingresos propios ni sumados con los de su conyugue Damaris Altagracia Marmolejos.

Guzmán Alcántara, perteneció al CESTUR  desde el 30 de agosto de 2014 hasta el 09 de junio de 2021.

Por obtener “importantes beneficios del CESTUR”, las autoridades lo acusan de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el estado y lavado de activo.

Como parte de la estructura, el imputado Yehudy Blandesmir, recibía sus beneficios en efectivo con la intención de no dejar rastro de lo percibido producto de los actos corrupción, no obstante, en determinadas ocasiones llegó a recibir depósitos de miembros del entramado, específicamente de los que trabajaban con las nóminas, apunta el ministerio público.

Ventura Pichardo era encargado de la División de Inteligencia del CESTUR.

En el expediente del Ministerio Público, está acusado de desviar dinero del fondo asignado para inteligencia CESTUR  que él manejaba.

“Para inteligencia existía una asignación mensual de RD$1,000,000, los cuales eran depositados a la cuenta del Banco de Reservas del encargado del área, no obstante, ese monto no se utilizaba para esos fines, sino que casi en su totalidad era distraído”, apunta el documento de solicitud de medida de coerción.

Pérez Núñez, estuvo adscrito al CUSEP, desde el 17 de agosto de 2012.

El expediente del Ministerio Público indica, que es uno de los hombres de confianza y brazos operativos del imputado Adán Cáceres, teniendo bajo su responsabilidad, la administración de varias fincas y granjas de este que se encuentran en La Vega y en Monte Plata.

Santana Martínez estuvo adscrito al CUSEP desde el 31 de agosto del año 2012.

La principal función del imputado Kelman Santana Martínez era la de administrar al Cáceres Silvestre, conjuntamente con los coimputados Rossy Guzmán Sánchez y Rafael Núñez de Aza la empresa utilizada para lavar gran parte del dinero del entramado, la Asociación Campesina Madre Tierra.

Kelman se encargaba de las ventas que hacía dicha empresa, para posteriormente mezclar el dinero de las mismas con lo sustraído de los actos de corrupción, indica el Ministerio Público.

Rosario Pirón, es mayor de la Policía Nacional e ingresó en el año 2012 al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), donde se desempeñó como encargado de la sección de tesorería, bajo la supervisión del imputado Rafael Núñez De Aza, director Financiero, de acuerdo al Ministerio Público.

El mayor Rosario Pirón, es considerado parte esencial de la estructura de corrupción, identificado como la mano derecha del director financiero de CESTUR  y CUSEP, Rafael Núñez De Aza, puesto que venía trabajando con él, desde el área financiera del Hospital de la Policía Nacional, en el año 2010, tanto así que Núñez De Aza lo nombra como tesorero desde su llegada al CUSEP, y es quien le manejaba las distintas transacciones financieras en dicho lugar, apunta el expediente de la Procuraduría.

Según las investigaciones, las autoridades comprobaron que Rosario Pirón realizó unas 22 transacciones que elevaron RTE (reporte de transacciones en efectivo), entre los años 2018-2020, las mayorías realizadas en el Banco de Reservas de la avenida Venezuela, donde la coimputada Esmeralda Ortega Polanco era gerente.

“El mayor José Manuel Rosario Pirón, llevaba del dinero recolectado en el CUSEP por hechos de corrupción, y que ese dinero se utilizaba para resolver situaciones en CESTUR. También manifestó que dicho imputado recolectaba el dinero del especialismo para luego entregárselos a Rafael Núñez De Aza”, puntualiza el MP.

La primer teniente de la Policía Nacional, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, era pareja y madre de dos de los hijos del imputado Rafael Núñez de Aza, señala el expediente de la Procuraduría.

Entre otras personas, para crear y administrar las empresas Distribuidora TALF S.R.L., Distribuidora KF S.R.L., Rawel Importadores SRL, Optumus E.I.R.L., SOS Carretera S.R.L., Meljo Comercial EIRL y S.S.A. Corporation, Núñez de Aza, se asoció a su pareja, Jehohanan, quien trabajaba en el área de auditoría interna de CESTUR, de acuerdo con el MP.

La imputada Jehohanan, mantenía control operativo y la administración, principalmente de la mencionada empresa S.S.A. Corporation y Meljio Comercial EIRL, dice el Ministerio Público.

Estas dos empresas fueron utilizadas únicamente para simular compras en el CUSEP y en CESTUR, donde los imputados Torres Robiou y Cáceres autorizaban las supuestas compras, y el departamento financiero dirigido por el imputado, Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos para luego retornar el dinero al entramado en efectivo o través de propiedades, señala el expediente del Ministerio Público.

El documento cita, también, que la imputada utilizó a su asistente personal, Nicole González Núñez, quien tenía solo 18 años en el 2015, y buscando como desligarse de la empresa en los documentos societarios de las empresas, le otorgó un poder para realizar las gestiones de aperturas de cuentas a nombre de las empresa, en el Banco de Reservas, especialmente, en la sucursal de la avenida Venezuela, además de que le autoriza para poder firmar cheques.

Ortega Polanco, era la gerente de la sucursal del Banco Banreservas de la avenida Venezuela.

El expediente del Ministerio Público señala que el dinero obtenido en S.S.A. Corporation, la imputada Jehohanan Rodríguez Jiménez, a través de su asistente, Nicole Yomarys González procedía a librar montos de los cheques, cambiándolos siempre en el Banco de Reservas, en donde se encontraba Esmeralda Ortega Polanco.

“El dinero era depositado en las cuentas del Banco de Reservas de Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, Meljo Comercial EIRL, Randa Internacional, SSA Corporación SRL, OPUTUMUS EIRL, o simplemente lo hacía efectivo y se lo entregaban a Núñez de Aza, para el manejo de las operaciones del entramado”, agregó el MP.

El Ministerio Público, dijo que evidenció que quien confirmaba estos cheques era la gerente de la sucursal del Banco.

Ramos Ovalle, un empresario del área privada, era gerente y propietario principal de la estación de combustible La Marina.

De acuerdo al MP, siendo suplidor del Estado, simuló, a través de sus empresas, operaciones, a sabiendas de que eran ilícitas, para distraer fondos a través de maniobras fraudulentas en las contrataciones y el falso suministro de combustible, devolviendo a la estructura la mayor parte de lo distraído.