SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.– La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer el allanamiento practicado a las instalaciones de Odebrecht ubicadas en el sector La Esperilla de esta capital, sustentado en orden judicial otorgada por el juez José Alejandro Vargas, coordinador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El operativo, que se extendió por más de seis horas, fue dirigido por el procurador adjunto Wagner Cubilete, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en compañía de decenas de agentes policiales y en presencia de Robert Valdez, abogado de la compañía brasileña.
Antes del allanamiento, Rondón y el abogado Valdez comparecieron nueva vez a la Procuraduría para responder otras interrogantes al procurador Jean Alain Rodríguez y la directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. El empresario negó nuevamente que el dinero que recibió lo haya usado “para comprar conciencia” de funcionarios, a fin de facilitar la firma de contratos, y que acudió para hacer algunas aclaraciones sobre los documentos que depositó el pasado lunes tras ser interrogado durante más de 13 horas.
“La PGR reitera su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, en el que se recuerda existe una admisión de pago de sobornos en territorio dominicano para lograr la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras del Estado, por parte de la multinacional brasileña, autoincriminación que no puede ser negada por ninguno de los representantes en territorio dominicano, pretensión esta que para el Ministerio Público, resulta ser totalmente inaceptable”, precisa.
Ayer fueron interrogados los exdirectores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Mariano Germán Mejía y Alberto Holguín Cruz, los cuales tuvieron bajo su responsabilidad la firma de adenda para la construcción de los acueductos múltiples de Samaná y Hermanas Mirabal, a un costo de US$164 millones.
El representante jurídico de la empresa Odebrecht en República Dominicana, doctor Robert Valdez, aclaró que no está contemplado un acuerdo con el Estado Dominicano, para indemnizar al Gobierno por el soborno de 92 millones de dólares a funcionarios públicos para la adjudicación de obras en el país.
