General de brigada piloto, Juan Carlos Torres Robiou, FARD, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur)
Procuraduría ve con sospechas alquiler inmueble
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público consideró como situación en extremo sospechosa el alquiler de un inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, ubicado en El Portillo, Playa Las Terrenas Samaná, empresa investigada en la Operación Coral.
“En la actualidad el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torres Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (Cestur) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, indica la solicitud de medidas de coerción del caso.
El documento hace un relato de los elementos que envuelven el referido inmueble que se presentan de forma textual a continuación.
En lo relacionado al Inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, ubicado en la C/ 27 de febrero 101,13-1-B, El Portillo, Playa Las Terrenas Samaná, es importante establecer que en el interrogatorio que le fuera realizado a la imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), esta expresó que la adquisición de dicho inmueble se realizó con los fondos de las utilidades de la antes mencionada entidad, conjuntamente con un préstamo de siete millones quinientos mil pesos (DOP$7,500.00), que le realizara una persona a la que en ese momento dijo no saber su nombre.
Más adelante continuando con el desarrollo del interrogatorio, la imputada indicó que quien le realizó el referido préstamo para la compra del inmueble anteriormente descrito fue el imputado Raúl Alejandro Girón, procediendo a depositar bajo inventario copia del referido cheque. Cabe resaltar que en la documentación societaria remitida por la Cámara de Comercio, referente a la empresa Único Real State e inversiones SRL, no existe información sobre la autorización para la adquisición de dicho préstamo, ni tampoco para la compra del inmueble de que se trata.
En fecha veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), la empresa Único Real State e inversiones SRL, realizó una asamblea general extraordinaria, mediante la cual autorizó a la imputada Rossy Guzmán Sánchez (a) La Pastora, a realizar la venta del indicado inmueble, (Nótese un año después de haberlo adquirido), autorizando, además, de forma extraña, que el precio convenido para la venta sea por la suma de catorce millones doscientos sesenta mil pesos (DOP$14,260,000.00), cuando la coimputada ha señalado en su entrevista específicamente en la pregunta No. 53, referente a si había realizado la compra de un apartamento a Kratos Ventare Inc, responde “Si, en Las Terrenas, ese apartamento tiene doscientos y algo de metros, está en Balcones del Atlántico. Esa fue una oferta increíble. Ese apartamento cuesta casi 27 millones de pesos, de acuerdo con la tasación actual. Ese apartamento lo compré en el año 2019. Depositando posteriormente bajo inventario la referida tasación.
Por igual, en la referida asamblea se autorizó a Rossy Guzmán Sánchez (a) Las Pastora, a negociar en el precio de la venta, el pago de una supuesta deuda contraída con Vicente Girón De la Cruz, padre del imputado Raúl Alejandro Girón, por un monto de trece millones doscientos sesenta mil pesos (DOP$13,260,000.00).
Lo anteriormente establecido confirma que la empresa Único Real State e Inversiones SRL, no generó utilidades suficientes para comprar dicho inmueble, además de que sus socios y únicos accionistas no poseen solvencia económica, para realizar operaciones de esta magnitud y que el monto total para el pago de la compra de esta propiedad fue desembolsado por el imputado Raúl Alejandro Girón, toda vez que la deuda contraída con el señor Vicente Girón De la Cruz, es una simulación ya que coincide con el monto del contrato de compra, por el cual la empresa imputada Único Real State e Inversiones SRL, adquirió el inmueble de que se trata.
Así las cosas, podemos evidenciar que, con relación al inmueble establecido, la empresa Único Real State e Inversiones SRL, solo fungía como testaferro, ocultando bienes de procedencia ilícita y que, en virtud de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público se evidencia que, como forma de ocultamiento, la empresa autorizó la supuesta venta del inmueble, con el fin sacarlo del patrimonio de la entidad comercial que estaba siendo investigada y pasarlo a Vicente Girón De la Cruz padre del real dueño el imputado Raúl Alejandro Girón, quien al no poder justificar la obtención del mismo, utilizó a Único Real State e Inversiones SRL, quien posterior a las investigaciones, otorga autorización para venta e intenta completar el ciclo del lavado de activos.
En la actualidad el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torres Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (Cestur) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente.
Operación Coral
Se recuerda que en la denominada Operación Coral fueron apresados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Erick Pereyra Núñez.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Según la acusación, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, nombró a cientos de policías y militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), les asignaba un sueldo de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales con la condición de que estos debían entregar hasta el 80% de esa cantidad al alto oficial.
Fuente: Diario Libre
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