Ramón Valdez
Consultor independiente en temas de desarrollo local y territorial, asociatividad empresarial y productiva, formulación y evaluación de proyectos, estudios socio económicos. Estudios en Economía, Evaluación de Proyectos; Administración de Empresas, Administración Desarrollo Local. Miembro Red para el Desarrollo Económico Territorial y el Empleo en América Latina y el Caribe (Red DeTe-ALC). Y de la Red Iberoamericana de Investigadores en Desarrollo Territorial’’; Red Simeón Cañas sobre Desarrollo Territorial en Centroamérica y RD.
En los últimos meses el sistema de salud dominicano ha sido severamente cuestionado a partir de la situación de los hospitales, las muertes materno-infantiles y recientemente la situación de las parturientas.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Martín Ortiz, afirmó: “Las ARS no nos pagan a nosotros la labor de parto. Ellas solamente nos pagan el parto”. Es una declaración desgarradora que revela crudamente, la racionalidad instalada dentro de una concepción de la vida que se ha hecho hegemónica, atraviesa el sector salud y al resto de los servicios sociales: La vida humana es una ecuación del mercado.
La racionalidad del mercado atravesó medularmente las instituciones y la sociedad dominicana. Como resultado de los cambios globales, en la República Dominicana, se operó una transformación profunda del aparato productivo, cuya expresión fenoménica fueron las privatizaciones de la propiedad estatal, pero se centraron en el aparato jurídico administrativo del Estado.
Los cambios se expresaron el área de la salud, con la aprobación de la Ley General de Salud 42-01 y la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, leyes que sentaron las bases del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Seguridad Social. Este marco legal proclamó el deber del Estado de garantizar la salud a toda la población.
En el presente, la República Dominicana tiene la tasa de cesáreas más alta del mundo, con un índice del 56 % del total de nacimientos registrados; en el caso de las clínicas privadas, la tasa asciende hasta “un increíble 87 % de los alumbramientos”[1], frente al 15 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Bajo el impacto de la sensibilidad neoliberal, la reestructuración del Estado redujo sus funciones de política de desarrollo, pues junto a la privatización de propiedades y de servicios públicos, se operó un cambio en la concepción del sujeto. De forma que la dignidad humana es amenazada y violada por una dinámica que según sus leyes propias pasan por encima de los seres humanos.
La economía ahora se conduce en términos de una guerra, en la cual se trata de conseguir ventajas competitivas, que hagan posible salir victoriosa. La imposición de la ideología de la competitividad y de la eficiencia se justifica, como política, por la eliminación de distorsiones del mercado: La labor de parto distorsiona el mercado, entonces las ARS no la pagan; como no la pagan, los médicos prefieren la cesárea que sí la pagan. Los pacientes empiezan a ser clientes, los bebés cuando nacen son llamados productos. La nueva teoría económica hace cínico el servicio de salud.
El proceso arrollador del mercado como un gran engranaje, sigue a una lógica propia y la impone. Hay muchas distorsiones del mercado, que se van descubriendo. Los derechos de las personas, incluso los “consagrados constitucionalmente”, como el derecho a la salud, propio del ser humano resultan ser distorsiones a la luz del mercado.
La estrategia que domina entiende los derechos humanos como derechos del propietario. Se trata de derechos pensados a partir del mercado, y la relación mercantil es el centro. Por eso la situación de las maternidades, las parturientas y las cesáreas expresa un choque entre derechos y la lógica neoliberal. Los perdedores del proceso de globalización hablan de los derechos humanos, como la salud; los demás hablan de los derechos del mercado.
Los derechos que se refieren a la integridad corporal y a la satisfacción de las necesidades más radicales: alimentación, techo, educación, salud, trabajo, reconocimiento de género y cultura se derivan del reconocimiento del ser humano como un sujeto vivo, no un producto.
La transformación de la economía y la transformación de la competitividad en valor único y superior está eliminando derechos humanos en nombre de los derechos del mercado.
Lo que presentó la prensa recientemente, el grito de la sociedad de ginecología y obstetricia, denuncia la racionalidad presente en el sistema de salud hoy, los derechos como los tienen las empresas, los negocios y el mercado, se pretenden y se imponen a la sociedad actual como los únicos «derechos» válidos.
Por eso, la rentabilidad del mercado elimina el proceso adoptado por la naturaleza durante miles de años, los partos naturales, por considerarlos una distorsión del mercado y con ello el ser humano es despojado de toda humanidad y se reduce a una cosa, a pura mercancía, no son sujetos o personas corporales. Se trata de la forma más nefasta del pensamiento único del mercado.
Las preguntas surgen entonces: ¿Tienen las ARS derechos humanos? ¿O tienen los seres humanos derechos cuya validez hace falta imponer frente a ARS y médicos que los tratan como mercancía? ¿Tiene el Estado en nombre de la competitividad derecho a convertir a sus ciudadanos en cosas, a través de leyes que imponen la salud en función del tamaño de la cartera?
Se trata de una forma de corrupción que ataca la vida y es amparada por las leyes.
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[1] Observatorio de Mortalidad Materna en República Dominicana, INSALUD, Family Care. Febrero 2014.
